“INSÓLITO”

Por: Pedro Hernández.-

Director.-

Como un hecho sin precedente ha sido calificado el hecho de que Luis Peña Valdez fuera encarcelado por 12 años en la Penitenciaría Nacional de La Victoria sin haber tenido expediente o causa justificada.

Este hecho nos debe llamar la atención sobre lo que ocurre cuando alguien borracho de poder comete un crimen contra un ciudadano hasta cambiarle la vida por completo, por no decir “convertirlo en un muerto en vida”.

Este abuso de poder parece cosa heredada de la época de la dictadura de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, que llaman a preocupación y a poner un alto en el sistema judicial dominicano y carcelario.

El Estado dominicano a través de la Procuraduría General de la República y funcionarios del sistema carcelario debe indemnizar a Luis Peña Valdez, tras haber purgado parte de su vida en una de las cárceles más terrible del país, en violación a la Constitución de la Republica, las leyes y los derechos humanos.

Pero además de las autoridades, las personas que motivaron la injusticia deben ser identificadas, y procesadas civilmente por el daño que le causaron a este albañil de 56 años.

El procurador general de la República es un representante de la sociedad y defensor de los derechos humanos, consagrado en la Constitución y en la Ley 133-11 (Ley Orgánica del Ministerio Público), la cual establece en el artículo 20 el principio de responsabilidad del Ministerio Público, en casos como el descrito por su inacción u omisión.

El sacrificio al derecho a la libertad al que se ha visto expuesta esta persona, no tiene justificación alguna, y un daño moralmente irreparable, pero constitucionalmente reparable y exigible, porque compromete la responsabilidad del Estado, como lo especifica el artículo 148 de nuestra Carta Magna.

Un error judicial tiene que tener consecuencias y no dar rienda al desacato al que parece nos tienen acostumbrado desde los tiempos de “marrah”, el que un ciudadano era puesto a disposición de la justicia, por lo cual, la persecución de una indemnización debe derivarse en virtud del tipo penal denominado detención y encierro ilegal.

Condenamos enérgicamente este tipo de actuaciones que atenta contra la salud de la Patria y el sostenimiento de un sano régimen de derecho al que todos aspiramos.

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