EL PODER JUDICIAL

Por: Luis Henry Molina Peña

Presidente de la Suprema Corte de Justicia

 

Nuestra independencia como jueces no radica solo en la neutralidad de nuestras sentencias, se nutre de la conducta diaria, antes, durante y después de dictar sentencia.

Enfrentamos retos grandes, es tiempo de hacerles frente”, indicó al describir su compromiso de asegurar un sistema de justicia con certeza jurídica que haga posible la convivencia pacífica y el desarrollo económico.

Llevar acceso digno a las distintas instalaciones, con respuesta pronta a quienes requieren servicios eficientes.

La protección en igualdad ante la ley demanda especial sensibilidad hacia quienes hoy son más vulnerables. En ese ámbito, la forma en que la violencia contra las mujeres se ha expresado en nuestro país constituye un dolor y una gran vergüenza que debe llamarnos a la reflexión y sobre todo a la acción.

En cada departamento judicial habrá Centros Especiales de Entrevistas para víctimas de violencia en materia de género, conocidos como Cámara Gessel, para garantizar la privacidad y evitar la revictimización de las mujeres y que la Escuela Nacional de la Judicatura desarrollará a partir de marzo un programa nacional de entrenamiento y sensibilización al personal judicial y administrativo.

La justicia tardía pierde el derecho a su nombre. No es posible que ciudadanos y ciudadanas tengan la vida suspendida, porque no sale una decisión de los tribunales. O que un derecho personal o económico sea vulnerado porque las medidas de urgencia para protegerlo estén en retardo.

Hay que limitar con firmeza y decisión las maniobras dilatorias injustificadas que retardan los procesos judiciales y aplicar mecanismos administrativos y hasta trabajar en horario extendido para acabar con la mora judicial.

La Suprema Corte de Justicia tiene 18,357 casos pendientes de resolución y anunció que asumirá de inmediato los casos de mayor antigüedad, y de inmediato se encargará personalmente de los expedientes de la primera década de este siglo.

Combatir la inequidad en la distribución de la carga judicial, lo que implicará mecanismos distintos de distribuir los casos entre los tribunales y jueces y de administrar de forma más eficiente el presupuesto del Poder Judicial.

No es razonable que, si nuestra principal tarea es impartir justicia, la totalidad de nuestros tribunales accedan solo al 68% del presupuesto, mientras que el Consejo del Poder Judicial, cuya función es de administración recibe el 32%.

El trabajo de juezas y jueces y sostuvo que da fe y testimonio de la honorabilidad y la excelencia de su inmensa mayoría, destacando que hoy día 774 de los 778 jueces y juezas son de carrera.

Una justicia más transparente para tener más confianza en su servicio”.

Con ello se persigue un mayor rigor y cumplimiento de las reglas, mayor capacidad de rendición de cuentas y evaluación de indicadores de desempeño.

Con humildad, pero también con la responsabilidad que supone hacerlo en nombre de la República y en representación de este grupo excepcionalmente formado y trabajador, de mujeres y hombres que integran nuestro Poder Judicial, les pido a los dominicanos y dominicanas apoyo, tiempo y fe.

 

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